Desde todos los ámbitos, incluido el Tercer Sector, se viene reclamando una modificación de la norma para conseguir una contratación pública más responsable y que tuviese en cuenta la dimensión social.

 

En el mes de diciembre de 2016, la PTS presentó a los grupos parlamentarios una serie de propuestas en materia social, de inclusión y discapacidad para incorporar al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Concretamente, la Plataforma del Tercer Sector apuesta por establecer una regulación diferenciada para los contratos referidos a los servicios sociales públicos, y pone en valor las cláusulas sociales para que la contratación pública se convierta en un instrumento al servicio de la inclusión social.

 

De las ocho propuestas realizadas, seis han recibido una aceptación parcial o total. Desde la PTS han destacado el artículo 145.2 que dicta los criterios de adjudicación del contrato y que incluye aspectos como la accesibilidad, el diseño universal o las características sociales. Éstas, según el articulado, se referirán, entre otras, al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social.

 

Además, han subrayado el artículo 200 del proyecto de ley que versa sobre las condiciones especiales de ejecución del contrato social, ético, medioambiental o de otro orden. En este caso se velará por promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

 

Otras de las propuestas que se han aceptado están relacionadas con el refuerzo de la empleabilidad de las personas con discapacidad y el papel de los Centros Especiales de Empleo (CEE) de cara a la contratación, entre otras medidas.